Chihuahua, a 30 de octubre. — El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, destacó la aprobación de la llamada “Ley Beatriz”, iniciativa impulsada por la gobernadora Maru Campos Galván, que regula el otorgamiento del indulto en casos donde existan elementos de injusticia o violación a los derechos humanos, particularmente hacia mujeres y personas indígenas o vulnerables.
De la Peña explicó que esta reforma, conocida formalmente como Ley de Indulto, surge de una iniciativa de la mandataria estatal “siempre sensible a las causas de las mujeres y comprometida con la justicia social”. La norma busca dar un marco legal claro a una figura que ya existía en la legislación estatal, pero que carecía de una regulación precisa.
“La gobernadora, al conocer el caso de una mujer rarámuri de nombre Beatriz, quien no fue debidamente asesorada durante su proceso penal, decidió presentar esta iniciativa. Ella fue condenada a prisión por la muerte de un primo que la agredió bajo los efectos del alcohol y la amenazó con una arma blanca, y en la disputa ella en legítima defensa privó de la vida al sujeto, pero no se le garantizó un juicio justo ni una defensa adecuada debido a la barrera del idioma”, detalló el funcionario.
El secretario señaló que el caso de Beatriz inspiró esta ley, que pretende revisar procesos judiciales donde existan indicios de desigualdad o violaciones al debido proceso, para que las personas sentenciadas puedan ser consideradas para un indulto.
La nueva legislación contempla la creación de un comité interdisciplinario integrado por representantes de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno, el Congreso del Estado y otras instancias relacionadas con la justicia, el derecho y los derechos humanos. Dicho comité emitirá dictámenes que servirán como base para que la gobernadora pueda otorgar o negar el beneficio del indulto.
De la Peña informó que el primer caso en análisis es precisamente el de Beatriz, quien actualmente cumple una condena de ocho años en un Centro de Reinserción Social del estado. Además, aseguró que ya se revisan otros casos similares, especialmente de personas indígenas que enfrentaron procesos judiciales sin traductores o sin asesoría legal adecuada.
“Lo más probable es que uno de los primeros casos que se ponga sobre la mesa sea el de la persona que inspiró esta ley, y seguramente le seguirán otros más”, adelantó el secretario.
De acuerdo con cifras oficiales, en los centros penitenciarios del estado hay 545 hombres y 19 mujeres indígenas cumpliendo sentencia. En ese contexto, De la Peña aclaró que no existe un límite para la aplicación del indulto, ya que cada caso será analizado individualmente bajo los criterios establecidos por la nueva norma.
Finalmente, el funcionario subrayó que la ley permite que los propios interesados o sus defensores activen el procedimiento, sin depender únicamente de decisiones del Ejecutivo estatal.
“Esta es una ley humanista que busca corregir errores del sistema y garantizar que nadie permanezca en prisión por falta de una defensa justa. Los ciudadanos que se consideren en esa situación podrán apelar directamente a las disposiciones de la Ley Beatriz”, concluyó.
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